El gobierno de la provincia emitió el decreto nº1.493 del ministeriode Gobierno y Justicia a cargo de Rosario Romero, que dispuso la “suspensión,por 90 días corridos, de la registración de mensura cuyo objeto sea lasubdivisión de terrenos rurales”, es decir de los negocios comúnmente llamadosloteos.

De la redacción de INFORME DIGITAL

La medida provincial obedece, según se difundióoficialmente, a “las numerosas inquietudes planteadas por las Juntas deGobierno, a través de la Dirección que las nuclea, respecto a los avances enurbanización que no cuentan con los requisitos necesarios”.

En otras palabras, se trata de la rentable mecánica de ventade terrenos por parte de las inmobiliarias, que dividen las tierras enjurisdicciones de juntas de gobierno -que no tienen potestad de regularlo conlegislación propia, por la falta de la ley de Comunas-, las venden y se retirandel asunto con grandes ganancias.

Luego, los nuevo vecinos/compradores de los lotes seencuentran con la carencia de los servicios públicos elementales para comenzarsu vida en los terrenos adquiridos: alumbrado, gas, agua, caminos, entre otros. Recurren en primera instanciacon grandes quejas a los presidentes de las juntas, quienes no disponen de losmedios de infraestructura ni de gestión para hacer frente a la demanda.

Lógicamente, los reclamos y problemas se acumulan y terminantodos en oficinas dependientes de la Provincia. Precisamente en la Dirección deJuntas de Gobierno dentro de la órbita de Rosario Romero, como advierte laprensa oficial.

El decreto conocido este miércoles, por lo tanto, apunta a suspenderdurante tres meses dichas prácticas por demás redituables para los privados yen gran medida complejas de resolver en el ámbito público, hasta tanto seencuentre la manera de resolver el asunto en profundidad.

La resolución oficial es una manera, también, de resolverotro problema que acarrean este modus operandi: que los jefes comunales se quedancon parte de los terrenos en venta a cambio de permitirles a las inmobiliariasperpetrar sus negociados.

El decreto

En su letra, la medida implementada por el gobiernoprovincial dispone que la suspensión se aplica a “fraccionamientos deinmuebles rurales destinados a satisfacer intereses, servicios u obraspúblicas”; a “los afectados a la explotación de salinas, canteras uotros yacimientos de minerales o rocas y los concedidos para fines decateo”; y “las subdivisiones que surjan conforme a la ley provincialde creación de pueblos y colonias”.

El decreto dispone también que los organismos competentespodrán dar continuidad a las tramitaciones que se encuentren en curso, mientrasdure el plazo de suspensión establecido, “excepto la registración de ladocumentación de mensura que no sean de interés público”.

Asimismo, se propone la invitación a los municipiosprovinciales para la adopción de medidas con igual fin.