El Concejo Municipal de Resistencia aprobó una ordenanza que implementa el sistema de Ficha Limpia, una herramienta que establece la inhabilitación para ejercer cargos públicos en el ámbito municipal para quienes posean condenas penales en segunda instancia por delitos graves.
Esta norma, impulsada por el bloque oficialista de la UCR, fue aprobada solamente con sus votos, sin el respaldo de la oposición. De esta manera, la capital chaqueña se une a la lista de jurisdicciones del país que han adoptado este criterio de idoneidad como parte de una agenda de transparencia institucional.
Desde el oficialismo, resaltaron que la ordenanza busca fortalecer la confianza ciudadana en la función pública y garantizar que quienes accedan a responsabilidades de gestión no tengan antecedentes judiciales por delitos de corrupción, violencia o similares.
La medida afecta no solo a los cargos electivos, sino también a puestos jerárquicos dentro de la estructura municipal, como intendencia, secretarías, subsecretarías, direcciones generales, jefaturas de departamento, miembros del directorio de la Caja Municipal y jueces de faltas.
Aunque ya existían controles administrativos, como la solicitud de certificados de antecedentes penales, el oficialismo consideró necesario darle carácter normativo a esta condición para que no quede a discreción de cada gestión.
Durante el debate, concejales manifestaron que la ordenanza no altera aspectos electorales, temas que son competencia nacional o provincial, sino que se enfoca en criterios de idoneidad para la administración pública local.
El tratamiento de la iniciativa no estuvo exento de tensiones. La oposición, compuesta por bloques como el CER y el Frente Chaqueño, no apoyó la votación. Aunque algunos concejales señalaron coincidencias generales con el espíritu de la norma, cuestionaron aspectos técnicos y el momento político en el que fue presentada, en un contexto de fuerte polarización nacional. Desde el oficialismo, aseguraron que la discusión se centró exclusivamente en la institucionalidad local y que la aprobación representa una respuesta concreta a una demanda ciudadana sostenida.
