Después de que el Gobierno decidió prorrogar temporalmente la reducción de las retenciones para el trigo y la cebada —esquema que vence el 30 de junio—, los productores del campo han reconocido que la continuidad de la alícuota reducida al 9,5% (en lugar del 12% que no regresará) tiene un “impacto positivo”. Sin embargo, advirtieron que esto no es suficiente para cambiar la intención de siembra, es decir, para aumentar la cantidad de cultivos previstos. Los productores señalaron que los márgenes son aún muy ajustados, que la rentabilidad del trigo es limitada cuando se analiza de manera aislada, y que la verdadera ecuación económica depende del doble cultivo con soja. Alertaron que, sin una reducción en las retenciones para el cultivo oleaginoso —que actualmente tributa al 26% y regresará al 33% después de junio—, la rentabilidad del sistema productivo se ve afectada.
La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) proyectó que, para el trigo, se destinarán 7,2 millones de hectáreas, unas 300.000 más que el ciclo agrícola pasado, lo que marcaría el mayor área sembrada en los últimos 15 años.
Alejandro Acerbo, productor agropecuario y asesor de la zona de Junín, comentó: “La medida impacta positivamente. Los márgenes, con esta prórroga ya reflejada en el mercado, son buenos, pero no tanto como para incrementar la siembra. Habrá que mantener la superficie, ya que la rentabilidad del trigo se muestra ajustada. La mayor ganancia viene con la soja que sigue”.
Este razonamiento fue compartido por muchos productores que consideran el trigo no como un cultivo individual, sino como parte de una estrategia de rotación. Acerbo planteó: “Si realmente se busca una producción sustentable, habría que igualar las condiciones para todos los cultivos”, refiriéndose a las retenciones a la soja.
Desde Tandil, el productor Daniel Barcelonna expresó una opinión similar: “Una baja en las retenciones es útil, pero no es suficiente. Necesitamos negociar una reducción significativa en los alquileres de soja. Si no lo logramos, los números no cierran”. Dijo que en su área se están definiendo las renovaciones de campos y los contratos siguen atados a valores altos en soja.
Barcelonna también mencionó que, aunque la baja de retenciones es favorable, hay otros factores más relevantes, como el precio de los insumos. “Hubo una reducción significativa en herbicidas y fertilizantes, especialmente en la urea. Eso es positivo. Pero no podemos esperar duplicar la superficie de trigo solo por la baja de retenciones. Hay que evaluar todo en conjunto”, indicó.
Un análisis de Néstor Roulet refuerza esta idea al evaluar los márgenes proyectados para la campaña 2025/26 bajo el nuevo esquema fiscal. Compara dos escenarios: uno con una retención del 9,5% para el trigo y un 26% para la soja, y otro con el mismo 9,5% para el trigo pero con un 33% para la soja. En ambos casos, el trigo muestra una ligera mejora en su rendimiento de indiferencia, baja de 38,1 a 36,8 quintales por hectárea, motivado por una reducción en el costo de alquiler contemplado.
Sin embargo, la soja necesita rendir más: su rendimiento de indiferencia aumenta de 23,8 a 25 quintales por hectárea, debido a la mayor presión fiscal. Roulet concluyó que “se perderían US$5 por hectárea en la rotación trigo/soja en la campaña 2025/26”, reflejando el deterioro de la rentabilidad del sistema por el nuevo régimen. Esta pérdida se deriva de restar los US$26 por hectárea que se “ahorran” en trigo a los US$31,20 que se “pierden” en soja por el aumento del rendimiento necesario.
Por otro lado, el contexto de costos no es alentador. El informe “Monitor Insumo-Producto” de Coninagro de mayo de 2025 señala que, a pesar de algunas mejoras puntuales, el poder adquisitivo de los granos permanece bajo. “Los granos no mostraron mejoras significativas y continúan perdiendo valor frente a la mayoría de los insumos”, advierte el informe, aunque sí tienen cierta ventaja frente a fertilizantes, semillas y camionetas, siguen en desventaja con respecto a inmuebles rurales, construcción y maquinaria.
En el caso del trigo, se necesitan 2,4 kilos para comprar un kilo de urea, un 12% menos que el año pasado, lo que representa una leve mejora. Sin embargo, respecto al costo del flete, la situación es más complicada: se requieren 172,1 kilos de trigo por tonelada transportada a 300 kilómetros, un 41% más que el promedio de los últimos cinco años. Asimismo, el gasoil ha aumentado en términos relativos: se requieren 5,6 kilos de trigo por litro, un 30% más que el promedio histórico.
En este contexto, Alejandro Vejrup, gerente de la Cooperativa Alfa de Tres Arroyos, presentó un resumen sobre el margen bruto actual para distintos cultivos de invierno. Con valores de mercado (trigo a US$200 y cebada forrajera a US$170), y considerando un alquiler que oscila entre 8 y 9 quintales de soja, el resultado para el trigo es negativo en US$72 por hectárea y para la cebada forrajera, de US$83 negativos. Solo la cebada tipo Quilmes y la de exportación muestran cifras levemente positivas.
Vejrup sostuvo: “Tanto el trigo como la cebada forrajera registran pérdidas con rendimientos de 4500 y 5000 kg. Por eso, considero que un cambio en las retenciones no alterará la expectativa de siembra. Lo que más incide son la rotación tradicional y las condiciones climáticas. Este año han caído buenas lluvias y hay reservas, lo cual facilita la decisión”.
Según su perspectiva, la medida oficial confirma decisiones previamente adoptadas, pero no genera un cambio estructural en las rotaciones. “No tiene impacto en esta zona. La intención de siembra ya estaba determinada por otros factores”, agregó.
Desde el sudeste bonaerense, el productor Esteban Bilbao expresó su escepticismo. “Las retenciones representan una reducción de poder adquisitivo significativa, lo cual no es justo considerando la carga fiscal total que ya enfrenta el productor. Además, este impuesto no distingue entre ganancia, empate o pérdida. En sí, es un tributo injusto”, indicó. En su zona, el trigo y la cebada ocupan entre el 30% y el 40% de la superficie sembrada, por lo que no se espera un impacto significativo en la expansión del área. “No hay mucho margen para crecer sin comprometer el manejo técnico y agronómico”, dijo, aunque reconoció que valoran la decisión del Gobierno.
Bilbao también advirtió sobre la falta de incentivos a la diversificación: “La imposibilidad de sembrar cultivos como la soja de primera, debido a los números, reduce la agrodiversidad. Esto resulta perjudicial para el suelo, para el productor y para la sociedad, ya que incrementa el riesgo y reduce la distribución del trabajo a lo largo del tiempo”.
A pesar de ello, las proyecciones para esta campaña son optimistas. El último informe de CREA indica que la intención de siembra de cultivos de invierno para la campaña 2025/26 alcanzó su nivel más alto desde 2012, con un 33% de participación en los planes de siembra de las empresas encuestadas. Este aumento responde principalmente a la mejora en las condiciones climáticas, aunque desde CREA advierten que los excesos hídricos posteriores y los precios bajos podrían obstaculizar la concreción de esta intención.
El informe señala que la permanencia de los derechos de exportación compromete la viabilidad económica del trigo y la cebada en gran parte del área productiva. En cambio, su eliminación podría mejorar la fertilización, aumentar la producción de trigo en un 2,7% y generar US$112 millones en exportaciones adicionales. CREA hizo hincapié en que, en el actual contexto de tipo de cambio apreciado y precios internacionales deprimidos, los derechos de exportación resultan especialmente distorsivos. “Los efectos negativos en la actualidad son insostenibles”, concluyó el informe.
