La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos y la Asociación Judicial de Entre Ríos rechazaron “enérgicamente” el proyecto de ley de emergencia del gobernador Gustavo Bordet, que incluye un aumento de aportes a la Caja de Jubilaciones por parte de trabajadores y jubilados provinciales.
La ley también subordinaría los sueldos de todo el Estado a la paritaria de la administración central. Esto terminaría con el “enganche” de sueldos judiciales a las subas que dispone la Corte Suprema para toda la Nación.
La iniciativa, según el comunicado de los judiciales enviado a INFORME DIGITAL, se hizo “desconociendo el espíritu de diálogo que desde hace años se viene forjando entre los distintos sectores del Estado Provincial y los representantes de Magistrados, Funcionarios y empleados judiciales, en la búsqueda de alternativas para afrontar los momentos difíciles por los que nos ha tocado transitar”.
“El proyecto denominado “solidario” impacta directamente sobre nuestra realidad laboral y sobre nuestro futuro previsional, ajustando una vez más los bolsillos de los aportantes y jubilados, y vulnerando de manera flagrante los derechos constitucionales de movilidad jubilatoria, intangibilidad e independencia judicial”, sostienen los jueces y empleados.
A la vez, alertan que “compromete seriamente la institucionalidad y gobernabilidad de la provincia al exponer al Estado a un nivel de conflictividad indeseado”.
Las asociaciones remarcan que “somos entidades que siempre hemos bregado por el diálogo y el debate serio y profundo, y hemos acompañado el esfuerzo del gobierno provincial en el marco de esta grave situación de pandemia, y sus consecuencias económicas”.
Sin embargo, advierten que “no podemos tolerar que se malverse la solidaridad, denominando así a un marco normativo que vulnera nuestras conquistas salariales y previsionales”.
El documento agrega que “nunca ninguna administración ha dado a conocer los estados contables de la Caja de Jubilaciones que la llevaron a su situación actual”.
“Ni tampoco ha identificado nunca a los responsables de la misma. Su déficit resulta una constante de años que el ajuste con aportes extraordinarios no resolverá”, añadieron.
Y rechazan que la emergencia alcance “el uso discrecional de los fondos para contratos y nombramientos en los demás poderes del Estado, el que se ha ido incrementando exponencialmente año tras año y presupuesto tras presupuesto”.
“La solidaridad no pareciera empezar por casa”, refutaron los judiciales a Bordet.
Es que el gobernador este sábado defendió su proyecto y destacó que el aumento de aportes alcanzaría no sólo a los empleados públicos de mayores salarios sino también “a funcionarios, legisladores y jueces”.
Finalmente, en el documento fechado este domingo remarcaron que “la democracia y la ética de la politica implican diálogo y consensos. El Gobierno, en esta oportunidad, no ha mostrado esa vocación”.
