Un año después de la firma del Pacto de Mayo, menos de un cuarto de los gobernadores que esa fría noche de 2024 se trasladaron a Tucumán estaban ayer dispuestos a volver a participar en el acto de vigilia del 9 de Julio, que Javier Milei liderará esta noche en dicha provincia.
El contraste es notable, ya que en aquella madrugada, salvo algunos opositores, los jefes provinciales abarrotaron la capital tucumana para formalizar una alianza política con la Casa Rosada, la cual se plasmó en la aprobación de la ley de bases y el paquete fiscal, los cimientos del gobierno de Milei que le otorgaron gobernabilidad en el Parlamento. Sin embargo, ese pacto se encuentra en peligro. La semana pasada, los gobernadores presentaron en el Senado dos proyectos destinados a redistribuir los aportes del tesoro y a repartir de manera directa el impuesto a los combustibles. Estas iniciativas podrían obtener media sanción el próximo jueves y amenazan con no apoyar al gobierno en caso de que se proceda a vetar la actualización de las jubilaciones, si el proyecto de recomposición logra ser aprobado en el Congreso. Esto enciende una alarma en el panorama de decisiones del Ejecutivo y en su relación con las provincias.
“Mañana definimos”, expresó anoche un gobernador peronista, cercano al Ejecutivo, en referencia al acto del presidente. El viernes, el área de protocolo envió las invitaciones formales a las provincias. Durante el fin de semana, múltiples gobernadores intercambiaron mensajes para decidir si asistirían o no a la ceremonia de vigilia del 9 de Julio. Los representantes del PRO y la UCR optaron por no participar. Entre las excusas, se mencionaron compromisos previos, como fue el caso de Maximiliano Pullaro, quien viajó a Washington y Nueva York buscando financiamiento para su plan de obras. Asimismo, Alfredo Cornejo, el representante de las provincias en el todavía demoradísimo Consejo de Mayo, se justificó debido a la falta de vuelos y a que ya había organizado el desfile patrio en su distrito.
Anoche, los jefes provinciales intercambiaban bromas sobre el misionero Hugo Passalacqua, quien se apresuró en confirmar su asistencia, suponiendo que el resto de colegas también lo harían. Aparte del anfitrión, Osvaldo Jaldo, se anticipaba la presencia del salteño Gustavo Sáenz. Aún era incierto si Raúl Jalil, un aliado, se trasladaría a Tucumán. “Los gobernadores ya hemos ajustado, incluso más que la Nación”, enfatizó el catamarqueño en una entrevista con el diario La Nación el domingo. Se esperaba la participación de algunos vicegobernadores. El viernes, durante el acto de anuncio de la ampliación del Gasoducto Cordillerano en Chubut, el anfitrión, Ignacio Torres, escuchó con asombro a sus colegas Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck hablar de manera franca y sin filtros contra la Casa Rosada. Torres no suele sorprenderse de nada.
La vigilia de hoy se lleva a cabo en el contexto de lo que parece ser una rebelión de los gobernadores, quienes se han agrupado en su totalidad, incluido el jefe de Gobierno porteño, para exigir al Ejecutivo una distribución más equitativa de los recursos coparticipables y la eliminación de casi media docena de fondos fiduciarios que se nutren del impuesto a los combustibles líquidos. Este reclamo surge ante la drástica caída de los ingresos que reciben de la Nación, que han disminuido debido a la recesión económica.
“Si en mi provincia todos los intendentes, incluidos los del peronismo, así como los del PRO o de la UCR, se reunieran en mi contra, yo me preocuparía…”, enfatizó este lunes un gobernador peronista del norte, muy inquieto por la falta de respuestas de la Casa Rosada.
Hasta ayer, ningún funcionario del Gobierno se había puesto en contacto con los jefes provinciales para responder a las solicitudes que, tras las advertencias, fueron entregadas el miércoles pasado a las 19 en la mesa de entradas del Senado. Ayer, se contemplaba la posibilidad de que la oposición y los aliados convocaran a una sesión para este jueves con el fin de avanzar en la actualización de las jubilaciones. También se filtró que los mandatarios provinciales estaban impulsando una moción para que los dos proyectos presentados, sobre la distribución de los ATN -el remanente sin repartir ascendía a un billón de pesos- y el impuesto a los combustibles, pudieran ser tratados sobre tablas, sin pasar por comisiones.
Si la iniciativa prospera, sentaría un antecedente complejo para el Ejecutivo, que ya ha anunciado su intención de vetar cualquier proyecto que afecte el programa fiscal de déficit cero. ¿Tendrá el Gobierno los votos suficientes para bloquear nuevamente cualquier intento de veto?
“Queremos que al Gobierno le vaya bien. No sabemos si la Casa Rosada quiere que a nosotros nos vaya bien”, se lamentó ayer un gobernador aliado del centro del país. Agregó: “La fortaleza actual del Gobierno radica en su capacidad de vetar; si pierden eso, no les quedará nada”.
La ofensiva de las provincias, que este medio ha reflejado en las últimas semanas, se presenta en un contexto de tensiones cada vez más evidentes respecto al funcionamiento del sistema de toma de decisiones en el círculo de poder, marcado por una feroz interna entre los primos Eduardo “Lule” y Martín Menem, cercanos a Karina Milei, y el sector que responde al consultor Santiago Caputo, quien hasta ahora se había erigido como el principal negociador con los gobernadores en el Congreso. Se ha observado un cambio en la relación de fuerzas en los últimos tiempos, impulsada por la cercanía de las elecciones y algunos cierres, como el de Corrientes, que alejó a la Casa Rosada de Gustavo Valdés.
Ayer, Sáenz, un aliado que la semana pasada se distanció del gobierno al contribuir al quórum en una sesión incómoda para el Ejecutivo, viajó a Buenos Aires para fotografiarse en Casa Rosada con la hermana del presidente y “Lule” Menem. Esta imagen generó un considerable impacto entre los gobernadores. “El dato político no es el encuentro, sino quiénes lo recibieron en Casa Rosada”, comentó un operador provincial. ¿Se trató solo de un caso aislado?
Esta pregunta ha estado circulando entre las provincias en las últimas horas, y está relacionada con el menosprecio que han experimentado los gobernadores en recientes semanas: primero, Carlos Guberman, el secretario de Hacienda, enviado por el ministro de Economía al CFI a rechazar las propuestas de los 23 jefes provinciales y el jefe de gobierno de la Ciudad; y luego, la cúpula del Ejecutivo, que no actuó de forma activa como en otros debates parlamentarios, lo cual permitió un mayor margen de acción para la oposición y los aliados. En oficinas del PRO señalan, incluso, que hasta Mauricio Macri, quien hace un año tuvo una destacada presencia en Tucumán porque regresó de urgencia de Europa para esa ocasión y apenas fue reconocido, se adhiere al reclamo de las provincias.
Hasta ayer por la tarde, ni Guberman, ni Guillermo Francos, ni Lisandro Catalán, quien el fin de semana sí se comunicó con algunos gobernadores para reiterar la invitación a Tucumán, habían activado el WhatsApp para transmitir alguna nueva propuesta. Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, uno de los más creativos en la redacción de iniciativas, había sugerido repartir en partes iguales los ATN entre la nación y las provincias. No obstante, tampoco obtuvo respuesta.
En lo que respecta a Milei, su interacción con los jefes provinciales ha disminuido drásticamente en los últimos meses, alcanzando su punto más bajo. El presidente, en cualquier caso, nunca ha tenido un vínculo cercano con las provincias, algo que nunca le atrajo. De hecho, el sábado hizo un viaje a Chaco para participar en la inauguración de un acto evangélico y ni siquiera tuvo un encuentro personal con Leandro Zdero, con quien había establecido una alianza electoral durante las elecciones provinciales a principios de año. A Milei no le interesan los vínculos políticos. A pesar de lo que piensan varios funcionarios y operadores de su administración, que advierten de un escenario que podría afectar la gobernabilidad antes de las elecciones de octubre.
