Se estima un aumento del gasto de aproximadamente 3 mil millones de dólares, siendo más concretamente 3.250 millones. Esta cifra corresponde al costo total que el Gobierno considera necesario para implementar el paquete de leyes aprobado el jueves por la tarde-noche en el Senado. Dicho paquete incluye aumentos en las jubilaciones, la reapertura de la moratoria previsional, un incremento en los pagos por incapacidad y, si se aprueba en Diputados—antes de finalizar julio—los cambios en los aportes del tesoro nacional (ATN) y la coparticipación en el Impuesto a la transferencia de combustibles líquidos (ITC). Se menciona que este incremento en el gasto podría ser el máximo aplicable en 2025 para los cinco ítems que avanzó el Senado, por lo que el monto final podría ser aún menor. Lo más relevante es que esta situación podría manejarse, incluso si el resultado de la batalla legislativa con los gobernadores resulta desfavorable para el Ejecutivo. Tendría un costo fiscal, pero no llevaría a un desastre en las cuentas públicas. Todo esto bajo la condición de que, para 2025, el paquete ya no esté vigente. Para que esto suceda, se requiere un hecho político fundamental: la victoria de los libertarios en las elecciones legislativas del 26 de octubre, o al menos que obtengan un 40% de los votos generales, particularmente en la provincia de Buenos Aires.
La estrategia fiscal y política diseñada por Javier Milei, Luis “Toto” Caputo, Santiago Caputo, Karina Milei y el reducido grupo de personas con voz y voto en el gobierno de La Libertad Avanza es la siguiente.
*El impacto fiscal del paquete aprobado en el Senado alcanzaría el 2,6% del PBI, medido de manera anual. Esta cifra se distribuye de la siguiente manera: un 0,7% corresponde al aumento del 7,2% en las jubilaciones, otro 0,3% al incremento en el bono contributivo—que subiría de 70 mil a 110 mil pesos mensuales—; un 0,4% por el incremento en los aportes para el sistema de atención a la incapacidad, un 0,8% por los cambios en el ITC, y un 0,4% en los ATN. No se incluye la rehabilitación de la moratoria previsional, norma que, según el Ejecutivo, nunca se reglamentará. Considerando que cada punto del PBI representa un impacto de 5 mil millones de dólares, ese 2,6% equivaldría a 13 mil millones de dólares, lo que significa un aumento mensual de alrededor de 1.083 millones de dólares en el gasto público.
*No se cree seriamente que la alternativa judicial sea válida, por lo que Javier Milei vetará estas leyes, comenzando por los aumentos a jubilaciones e incapacidad. Lo mismo aplicará al ITC y los ATN si son aprobados por Diputados. En todos los casos, las normas deberán volver al Congreso, a sus cámaras de origen, para que se ratifiquen los votos con dos tercios de los presentes. En Diputados, necesitarían 172 legisladores, mientras que en el Senado serían 48. Dado el panorama político generado en la semana pasada, los analistas consideran que se podrían alcanzar estas metas a través de manos alzadas por parte de la oposición. Como resultado, las leyes quedarían firmes. Aquí comienza a entrar en juego el tiempo. Desde el Ejecutivo, se buscará extender al máximo las semanas de tratamiento, “inyectando” cada día con amenazas legislativas. Esto comenzaría con el prolongamiento de los plazos para el veto y la llegada de los proyectos al Senado y Diputados, junto con la implementación de trabas administrativas que retrasen las sesiones legislativas. Los asesores de la Casa Rosada sugieren que, en el caso del paquete aprobado el jueves en el Senado, el retraso podría ocupar todo agosto. A ello hay que sumar las reglamentaciones correspondientes, responsabilidad del Ejecutivo a través de Anses, lo que aplazaría la implementación para el último trimestre del año. En el caso de los ATN y el ITC, que aún requieren aprobación en Diputados, el proceso es aún más lento, y su aplicación se daría en el último bimestre del año.
*Así, de forma máxima, habría un incremento del gasto solo para el trimestre octubre-noviembre-diciembre, lo que, al ser 1.083 millones mensuales, replicaría un aumento total de aproximadamente 3.250 millones. Si el paquete que debe pasar por Diputados se retrasara, el monto final podría caer a menos de 2.600 millones de dólares.
*Todos estos cálculos impactarían en el resultado final esperado de superávit fiscal primario que el gobierno nacional, junto al Fondo Monetario Internacional (FMI), planeó, obligando al Palacio de Hacienda a un ahorro final del 1,6% del PBI para el ejercicio 2025. De hecho, Luis “Toto” Caputo proyectó en esas negociaciones que el superávit podría ser incluso mayor, alcanzando el 1,8% del PBI. Si el paquete se implementara en el último trimestre del año, la meta final se vería reducida entre 0,5 y 0,7 puntos. El superávit en diciembre de 2025 finalizaría en aproximadamente un 1%. A un paso de un waiver del FMI, pero sin dramatismos. En resumen, los técnicos del organismo financiero internacional deberían observar que el desvío se produjo por razones políticas y no por falta de decisión gubernamental libertaria, por lo que no sería algo grave. El inconveniente es que este incumplimiento podría coincidir con otro objetivo, quizás igualmente inalcanzado: alcanzar un nivel de reservas positivas en el Banco Central de unos 2 mil millones de dólares, cuando actualmente se encuentra en un nivel negativo de 4 mil millones.
*Para que la estrategia se mantenga en el próximo ejercicio y no rompa significativamente el equilibrio fiscal, el aumento en el gasto derivado del paquete legislativo opositor no debe trasladarse a 2026. Para ese año, Argentina debe cumplir con un superávit fiscal primario del 2,2% del PBI, según lo acordado en el tratado de facilidades extendidas vigente desde el 11 de abril. Aquí surge la clara amenaza que Javier Milei lanzó en su exposición en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el jueves pasado, pocas horas después de la votación en el Senado. El Presidente reafirmó los vetos, y advirtió que si no se ratifican en el Congreso, todo podría terminar el 11 de diciembre, tras la campaña exitosa de “La Libertad Arrase” en las elecciones de octubre, cambiando los colores del Congreso Nacional y confirmando al oficialismo como primera minoría.
*Si se cumple el pronóstico de victoria electoral y el cambio de la composición política en Diputados y Senadores, el Presidente pretende que el nuevo Congreso apruebe su Presupuesto 2026, el primero que contaría con aprobación legislativa desde que Milei asumió la presidencia. En esta nueva ley de leyes, no se contemplarían los gastos del paquete aprobado esta semana. Otra alternativa sería su congelamiento, para que se vayan licuando durante el próximo ejercicio. En resumen, el paquete que salió del Congreso el jueves tendría fecha de vencimiento, siempre que Javier Milei y su equipo triunfen en las elecciones legislativas de octubre.
*En cuanto a la relación con los gobernadores, Milei y Guillermo Francos no volverían a sentarse a negociar hasta la conformación del nuevo Poder Legislativo, con la teórica victoria a su favor y el siguiente rediseño de fuerzas políticas en ambas cámaras.
En resumen, la estrategia fiscal de Javier Milei se basa en prolongar los tiempos hasta las elecciones de octubre; evento en que el libertario confía en una victoria contundente y definitiva contra “el enemigo” (un concepto que actualmente va más allá del kirchnerismo). La intención es relanzar su proyecto tras el cambio legislativo, eliminando los gastos obligatorios que surgieron tras la sesión del pasado jueves.
Pero hay más. El Gobierno planea que en 2026 el Congreso aborde las tres megareformas comprometidas ante el FMI: laboral, previsional e impositiva. En esta última, hay un favor para los gobernadores: el fin de la recaudación de Ingresos Brutos de manera independiente, integrando el tributo al “super-Iva”. Este impuesto es, en la actualidad, la principal fuente de ingresos de las provincias.
Como se observa, Milei es un hombre de memoria que disfruta de coquetear con la venganza. Y de llevarla a cabo.
