La diputada nacional Marcela Pagano ha presentado un proyecto de ley que busca modificar el Fondo de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, transformándolo de un sistema obligatorio a uno de carácter voluntario. Este fondo financia al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), creado por la Ley 25.507 en 2001.
La propuesta contempla una reforma al artículo 14 de la ley, determinando que la contribución al fondo será “voluntaria” para los establecimientos frigoríficos y los propietarios de animales destinados a faena. Según el texto, “la Asamblea de Representantes fijará el valor de las alícuotas aplicables” y se establecerá un nuevo régimen de liquidación supervisado por el Senasa.
Pagano justificó su iniciativa señalando: “Es momento de revisar y reducir las cargas que encarecen innecesariamente productos básicos como la carne”. Aseguró que el objetivo del proyecto de ley es establecer el carácter voluntario del aporte al fondo.
El proyecto estipula que los propietarios de animales deberán abonar la contribución en el momento en que se emita el documento sanitario para el traslado a faena. Por su parte, los frigoríficos deberán presentar una declaración jurada mensual conforme a lo que determine la autoridad de aplicación.
Además, la iniciativa propone la derogación de los artículos 16 y 17 de la ley original, con el fin de simplificar el marco regulatorio del Ipcva. Pagano comentó que “muchos de estos cargos y tributos no se corresponden con los beneficios que reciben los productores o industriales”.
La diputada señaló que “una proporción significativa de los fondos se destina a la promoción de exportaciones, que representan apenas entre el 25% y el 30% del total de la faena”. En una conversación con LA NACION, Pagano mencionó que la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (Camya), que contribuye con alrededor del 14% del total recaudado por el fondo, ha expresado su desacuerdo con la obligación de la contribución. Según la entidad, entre enero y septiembre de 2024 se desembolsaron $1705 millones en este concepto.
“Mi proyecto de ley es revisar el carácter obligatorio del aporte, proponiendo su transformación en un mecanismo voluntario. Esto permitirá que los diferentes actores del sector decidan libremente su participación, según los beneficios concretos que perciban del accionar del instituto”, enfatizó.
En este sentido, la propuesta de ley promueve “un mecanismo más justo”, basado en la libre adhesión. “Los actores del sector decidirán voluntariamente participar en el financiamiento del Instituto, de acuerdo con los beneficios concretos que reciban”, manifestó la diputada.
Pagano concluyó afirmando: “Reducir el llamado ‘costo argentino’ es una deuda pendiente con los sectores que sostienen la economía real del país”. Ahora, el proyecto deberá ser tratado en las comisiones correspondientes del Congreso, donde probablemente iniciará un nuevo debate sobre el rol de los institutos de promoción y su financiamiento.
Carlos Odriozola, de la Comisión de Carnes de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y representante de la entidad en el Ipcva, enfatizó la necesidad de conocer exactamente lo que se cobra a productores y frigoríficos: “Hoy estamos en $375 por cabeza faenada que paga el frigorífico, y existe una deuda considerable de casi 3 millones de dólares. Por otro lado, los productores pagan $864, un arancel que no ha sido actualizado en más de año y medio y está muy por debajo del mínimo exigido por la ley”.
“Si consideramos la cantidad de cabezas de ganado, ya que este cargo se aplica únicamente a 13 millones de cabezas que se faenan al año, cada productor paga $278 por cabeza anualmente. Esto equivale a aproximadamente 100 gramos de carne por año por cabeza, una cifra realmente insignificante”, justificó Odriozola.
“Independientemente de esto, ya sea mucho o poco, es fundamental considerar para qué sirve lo que se cobra. La voluntariedad no funciona. La misión principal del Ipcva es promocionar la carne tanto en el comercio interno como en el exterior, y esto se ha logrado, como lo demuestra la apertura del mercado chino, que fue resultado de un esfuerzo conjunto”, añadió.
Por su parte, el legislador nacional de La Pampa, Martín Ardohain (PRO), ha presentado un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados solicitando al Poder Ejecutivo información detallada sobre el funcionamiento y los gastos del Ipcva.
Esta solicitud, dirigida a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, subraya la necesidad de conocer en qué se emplea el dinero de los productores y si este retorna a ellos en beneficios concretos.
Ardohain pide, entre otras cosas, la lista completa de empleados del Ipcva, independientemente de su modalidad de contratación, así como sus respectivas escalas salariales. También solicita información sobre las instalaciones del organismo, sean propias o alquiladas, incluyendo el monto destinado a alquiler en caso de proceder.
Además, se requiere conocer el monto total de recursos actuales del Ipcva y su distribución por actividades, capacitaciones, becas o proyectos aprobados. El legislador también demanda un informe sobre los viajes realizados en lo que va del año, detallando destino, motivo, número de personas involucradas y gastos relacionados con pasajes aéreos, alojamiento y viáticos.
En conclusión, Ardohain resaltó que el financiamiento del Ipcva proviene de un tributo obligatorio que deben abonar tanto productores como frigoríficos, recaudado por el Estado nacional a través de la Secretaría de Agricultura. “Este aporte representa una carga fiscal adicional para un sector que cada vez muestra menos capacidad para sostener estas obligaciones”, concluyó.
