“La narcocriminalidad requiere de su insercióninstitucional para progresar y aspira a copar los primeros niveles de gobierno,como el municipal”. La frase del doctor Leandro Ríos, juez federal deParaná, tenía el tono de un ensayo académico. Pero era parte de los fundamentosde una orden de allanamiento que llevaba su firma el 8 de mayo pasado y quetenía como imputado al intendente de Paraná , Sergio Varisco, que mañanaserá indagado. El dirigente radical, alineado con Cambiemos , pasaba a ser unode los protagonistas de una causa por tráfico de drogas, en la que se unían dosuniversos: la política y el narcotráfico . En Paraná, como en otrasciudades del país, crecen las sospechas por el clientelismo político ejercidodesde grupos narco.
El viejo esquema del puntero político que vende susinfluencias en el barrio a la hora de hacer campaña cambió hace más de unadécada. En muchas zonas el narco ocupa esos roles y tiene un dominio más nítidosobre la base del dinero que genera y el temor que irradia.
Cuatro días antes de librar una orden de allanamiento aldomicilio de Varisco y a la Municipalidad, entre otros sitios, el juez Ríosobtuvo datos reveladores en dos cuadernos que fueron secuestrados en la casa deDaniel Celis, preso por tráfico de drogas desde 2016 en la Unidad PenitenciariaN°1. Tavi, como lo conocen en barrio Antártida, manejaba los hilos delMovimiento Vecinal Oeste en Paraná y, desde 2013, trabajaba para ese sector delradicalismo paranaense.
En el quincho de su casa, donde fue detenida Luciana Lemos,la pareja de Tavi, la Policía Federal incautó 3,4 kilos de cocaína. En elcuaderno más pequeño que la mujer guardaba en una mochila negra figuraban datosque dieron vuelta la causa. Figuraban los nombres de Varisco, de su secretariade Seguridad, Griselda Bordeira, y del concejal Pablo Hernández (Cambiemos). Allado de cada nombre estaba escrito una cantidad de cocaína y de dinero quedebía pagar.
“Las anotaciones son compatibles con la probableadquisición de cocaína en cantidades significativas por parte de Varisco,Bordeira y Hernández, atento a que la organización vendía el kilo de cocaínaentre $150.000 y 160.000 pesos. Varisco y Bordeira adquirieron dos kilos decocaína, y Hernández uno”, señala el juez Ríos.
El descubrimiento del cuaderno con esas anotaciones le dioal juez otra visión de esta trama. Y provocó un tembladeral político en EntreRíos. Varisco se aprestaba a lanzar su precandidatura a gobernador, tras llegara la intendencia en 2015, cuando le ganó a la exjefa comunal Blanca Osuna por21.515 votos. Varisco, hijo de Humberto, dos veces intendente en Paraná, corríacon una ventaja: en la boleta figuraba el candidato presidencial Mauricio Macriy el postulante al Senado Alfredo De Ángeli. Ahora sus ambiciones políticasvolaron por los aires, según admitieron a LA NACION dirigentes radicales.
La primera en tomar distancia fue Josefina Etienot, laviceintendenta que proviene de Pro. Dijo que el caso es de suma gravedadinstitucional. “No es una contravención; estamos hablando de unaasociación por narcotráfico, por lo que es muy difícil la situación de lagobernabilidad”, apuntó.
Varisco tenía un acuerdo político con Celis, a través de unaorganización con llegada a los barrios que dominaba el narco: el MovimientoVecinal Oeste. Aunque la relación entre ambos se remonta a 2011, ese pacto sefortaleció de cara a las elecciones de 2015. En su libro Cenizas del narco, elperiodista Daniel Enz señala que Tavi se acercó a Varisco a través del actualconcejal Hernández.
Varisco competía por la intendencia con Osuna, dirigenteperonista que en ese momento era cercana a Cristina Kirchner. “Celis secruzaba en determinados barrios -aunque algo a lo lejos, para que no hubieraencontronazos- con gente de Petaco Barrientos y con el mismo jefe narco o conOsvaldo Pacha Palacios, quienes acompañaban a Osuna en sus caminatas”,advierte Enz. Los presuntos vínculos con el narcotráfico eran transversales.
Uno de los casos más profundos que rozó al exgobernadorSergio Urribarri fue la detención de su chofer Marcelo Acosta, condenado el 10de mayo pasado a seis años de prisión, tras ser detenido cuando transportaba 20kilos de cocaína desde Misiones. Formaba parte, según la investigación, de unabanda llamada Los Lagartos, que proveía estupefacientes a bandas de Rosario,como Los Monos.
Relaciones peligrosas
El esquema de funcionamiento de la política y su relacióncon el narcotráfico es lo que se aborda en el expediente N° 961/2016.”Quedó plasmado una peligrosa relación entre las actividades políticoelectorales y el negocio ilícito del tráfico de estupefacientes”, dice lacausa, luego de que Varisco sellara un pacto con Celis, procesado pornarcotráfico el 3 de julio de 2016. LA NACION trató de consultar al intendente,pero fue en vano.
La afirmación del juez Ríos se basa en el cuadernoencontrado en la casa de la mujer del narco, donde además se secuestró 3,4kilos de cocaína. Allí figura la anotación con fecha 28 de abril de 2018 de unviaje para abastecerse de cocaína y se “hace alusión a los $40.000 que leentregaron a Lemos en una reunión que mantuvo en la Municipalidad deParaná”. A estos apuntes se suman una escucha telefónica y mensajes deWhatsApp obtenidos por la Policía Federal, tras allanar la celda de Tavi en laUnidad Penal N°1 de Paraná.
En estas escuchas, en su mayoría conversaciones entre Celisy su pareja, queda probado el acuerdo que Varisco tenía con el dirigente narco.Pero en las anotaciones, según el expediente, esa relación fue más amplia eincluyó el involucramiento del intendente, funcionarios y concejales delmunicipio en la comercialización de cocaína.
Estas sospechas se traslucen en las conversaciones ymensajes de Celis desde la cárcel, con su teléfono Samsung que le secuestran el6 de septiembre de 2017. Un día antes, el narco le hace saber al concejalHernández “su fastidio” por la falta de “ayuda” delintendente. Lo presiona con que va a dar una entrevista a un canal porteño paracontar toda esta trama. Esa amenaza parece funcionar. Su pareja le escribedesde la Municipalidad. “El 5 de septiembre de 2017 se pudo corroborar queCelis y el intendente habían llegado a un acuerdo económico por $50.000 pormes”, dice el escrito judicial. “Por fin una buena. Arreglé con elintendente”, le escribe por mensaje de texto Lemos a su pareja, que estáen prisión. Tras los allanamientos, y el secuestro de cocaína y los cuadernos yescuchas telefónicas, el juez llamó a indagatoria a Varisco, a quien un sectorde la oposición le pidió la renuncia.
En la localidad entrerriana de Colonia Elía, a 35 kilómetrosde Concepción del Uruguay, las calles están desiertas. Casi ninguno de sus 1500habitantes se atreve a romper el ritual de la siesta.
Pero esa quietud aparente encierra una historia que duranteel último tiempo rompió lealtades y silencios, en un lugar en el que hace seisaños desembarcó un grupo de narcos colombianos, al mando de Jairo Saldarriaga,alias “Mojarro”, exmiembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias deColombia (FARC) y sicario del colombiano Daniel el “Loco” BarreraBarrera, uno de los distribuidores de cocaína más grandes en la historia,sentenciado hace diez días a 35 años de prisión en Nueva York.
¿Por qué este grupo capitaneado por Mojarro hizo pie en esazona? Se sospecha que esta banda tenía interés en invertir en tierras.Adquirieron una estancia de 18 hectáreas en el paraje Arroyo Molino, cuyaribera está sobre el río Uruguay, a metros de la frontera. Hay indicios de másinversiones.
Allí tenía como su principal alfil a Fabián Montañana, untécnico agropecuario y pianista de 40 años, condenado en julio de 2015 a dosaños y medio de prisión por lavado de dinero de fondos del narcotráfico, en unacausa en la que se investigó el contrabando de 114 kilos de cocaína en un buquede bandera liberiana a Europa.
Montañana manejaba el campo que Saldarriaga compró en ArroyoMolino, a 40 km de allí, y en el que hoy vive su exmujer Alexandra SolanaEstrada. Ese campo fue registrado a nombre de Gerardo Ruidíaz, a quien se ledescubrieron precursores químicos para elaborar cocaína.
Tras la ejecución de Mojarro por la que fue condenado aperpetua Jonathan Aristimuño, de 26 años, Montañana trató de vender el campo.Había otros colombianos en la zona que habrían reclamado deudas de Mojarro,entre ellos, el “guía espiritual” de Cali Ángelo Leonardo.
Como publicó LA NACION, este concejal que fue amenazadovarias veces tras denunciar que el testaferro del narco colombiano compró mediadocena de vehículos y maquinaria pesada, como retroexcavadoras y palasmecánicas, y empezó a quedarse con la obra pública en el pueblo. Aguilaradvirtió que el silencio en ese pueblo se compra con dinero público.
Rendijas de la frontera
Itatí, en Corrientes, y Salvador Mazza, en Salta, son dospueblos de frontera separados por 1100 kilómetros, con climas y geografías muydiferentes. Pero hay algo que los une desde hace años. El narcotráfico setransformó en una herramienta de financiamiento de la política y se metió porlas grietas y las debilidades del Estado, en esas zonas donde permanecenintactas desde hace décadas las maquinarias del clientelismo político.
La semana pasada fue detenido en Tucumán Jesús Méndez,hermano de Enrique, intendente de Salvador Mazza, junto con parte de su bandacon 6 kilos y medio de cocaína y armas. El futuro del jefe comunal peronistaestá complicado. Hace unos meses, el concejal salteño prófugo Mauricio Gerónimo(Frente Grande, aliado al Frente para la Victoria), difundió un video desde laclandestinidad -se sospecha que está en Bolivia- en la que dice que es un presopolítico. Lo mismo dijo el intendente de Itatí, Natividad Roger Terán, cuandofue detenido en Corrientes en un megaoperativo dispuesto por el juez federalSergio Torres, llamado Sapucay, que desarticuló tres bandas que actuaban concomplicidad de las autoridades y de las fuerzas de seguridad federales yprovinciales para convertir a la ciudad de la Virgen en la puerta de entrada dela marihuana que se produce en Paraguay.
Gerónimo fue imputado junto con dos hermanos de liderar unabanda que se dedicaba a buscar campos para bombardear con bolsas de cocaínaboliviana que luego eran transportadas a Buenos Aires. “Con un viajecitome pago la campaña a intendente”, dijo el edil, luego de ser elegido en2015. Gerónimo era dueño de un local de venta de teléfonos celulares y vendíachips, algo vital para las comunicaciones de los narcos en esa zona. Lo quesorprendió es que el concejal tenía a su nombre 112 líneas de celulares. Lasbolsas de cocaína que arrojaban desde avionetas en campos de Metán y Antacontenían panes con la letra W.
Esa marca es un sello de calidad de la droga y pertenece ala cocaína que produce el empresario boliviano ligado al negocio de loshidrocarburos Wilson Maldonado Balderrama.
La carga que despacharon los hermanos Gerónimo -según lainvestigación de Procunar- pertenecía a otro hombre del peronismo salteño, elfallecido diputado Ernesto Aparicio, exsocio del llamado dueño de la fronteraDelfín Castedo, quien tras permanecer diez años prófugo fue detenido hace pocomás de un año en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires.
Las espaldas de Castedo eran custodiadas por Aparicio, alias”Gordo”, y el exjuez federal de Orán Raúl Reynoso, quien pasó de serun modelo de lucha contra el narcotráfico presentado por Cristina Kirchner aestar detenido y procesado por recibir coimas de los narcos argentinos ybolivianos.
