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La causa se centra en las supuestas dádivas y sobornos que Cardona Herreros, un empresario con sólidos vínculos con el gobierno provincial, entregó a funcionarios de la administración de Urribarri. Según los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano, los pagos irregulares se realizaron en el contexto de contrataciones entre el Estado provincial y las empresas de Cardona Herreros (Relevamientos Catastrales y Relcat).
Recientemente, tras más de un año de trámites judiciales, el juez de Garantías de Paraná, Julián Vergara, dictó la remisión a juicio de esta causa. Rechazó las nulidades y las exclusiones probatorias planteadas por los defensores, así como las apelaciones a dicha decisión, a excepción de un caso puntual: se le concedió a Smaldone, quien se auto defiende, un incidente de queja en relación a una prueba que presentó para el debate.
Cuando todos estaban preparados para avanzar hacia el debate oral y público, que podría llevarse a cabo en 2026 o, más probablemente, en 2027, este viernes los defensores fueron notificados a través de un correo electrónico de la Oficina de Gestión de Audiencias sobre la suspensión de la audiencia prevista para discutir el planteo de Smaldone, debido al acuerdo de juicio abreviado al que llegó el imputado con los fiscales Gonzalo Badano y Patricia Yedro.
Según consultas realizadas por ANÁLISIS, aún no se hará público el contenido del acuerdo. Smaldone confesará y aceptará una pena, aunque todavía no está claro por cuáles de los delitos imputados, y, sobre todo, en base a qué pruebas. Esto genera preocupación entre los demás abogados defensores, ya que no es lo mismo que el abreviado se sustente en abundantes evidencias de la investigación de la Fiscalía que en solo algunas que puedan incriminar a Smaldone.
Principalmente, se espera saber si el exfuncionario uribarrista aceptará ser citado como testigo en el juicio oral como parte del acuerdo.
Además, surgen interrogantes sobre hasta qué momento es factible que las partes acuerden un juicio abreviado: si hasta la remisión de la causa a juicio, o incluso después de la decisión del juez de Garantías.