En medio de versiones contradictorias sobre la importación de vacunas veterinarias, se llevó a cabo una reunión encabezada por el presidente del Senasa, Pablo Cortese, junto a representantes de la Cámara Argentina de la Industria de Productos Veterinarios (Caprove) y de la Cámara de Laboratorios Argentinos Medicinales Veterinarios (Clamevet). El propósito del encuentro fue aclarar dudas en torno a la importación de productos y las normativas aplicables a la medicina veterinaria en el país.
Desde el Gobierno se informó a la industria que se está trabajando en una resolución complementaria a las resoluciones 333/25 y 338/25 emitidas la semana pasada, las cuales generaron reacciones encontradas entre los laboratorios. Se especificó que el plazo de 30 días establecido en la normativa reciente tiene carácter “orientativo” y que se realizarán las investigaciones necesarias antes de permitir el ingreso de productos.
Tecnovax, que ya había expresado su intención de importar una vacuna desde Brasil y había manifestado preocupaciones sobre las dificultades locales para competir, solicitó la aprobación para registrar la vacuna Ourovac Aftosa, del laboratorio Ourofino Saúde Animal. Esta vacuna se comercializará a un precio de US$0,60. En este contexto, los laboratorios representados en ambas cámaras decidieron solicitar un criterio de reciprocidad en la aprobación de productos, similar al que se aplica en Europa. Fuentes presentes en la reunión explicaron que en Argentina, los procesos de aprobación pueden extenderse por años, citando casos que llevan más de dos años en obtener autorización. “Estamos de acuerdo en que se simplifiquen las regulaciones. Observamos que esta nueva normativa ha bajado el umbral, lo que ahorra tiempo. Es fundamental que todos operen bajo las mismas condiciones”, indicaron.
Las cámaras expresaron preocupaciones sobre la entrada de productos sin las aprobaciones necesarias, así como sobre los precios, especificaciones técnicas y los términos de reciprocidad mencionados. En respuesta, el Senasa aclaró que estos productos provienen de países con “estándares similares” a los de Argentina. Cabe recordar que en la última modificación normativa se incluyó a los países fundadores del Mercosur como habilitados para importar.
Dado que el Senasa “acepta implícitamente” la calidad de los productos importados bajo ciertos términos, los laboratorios locales exigen que en Argentina se apliquen las mismas condiciones de evaluación. Recordaron que en el país se requieren pruebas de eficacia incluso para medicamentos consolidados en el mercado, cuyos compuestos muchas veces no presentan innovaciones.
Dentro del sector, se considera que la nueva normativa, que permite la importación de productos registrados en Mercosur, facilita la simplificación de los procesos. Cada empresa podrá establecer libremente el precio de sus productos, y será el mercado quien decida si esos valores son aceptados o no.
Tanto las cámaras como el Senasa se comprometieron a actualizar el marco regulatorio, promoviendo la simplificación y desregulación de los productos locales. Se impulsará la incorporación de registros genéricos conocidos, y el Senasa está dispuesto a aceptar aquellos que no se contemplaban previamente.
Las partes acordaron revisar aspectos ambiguos y vacíos regulatorios respecto a los productos nacionales, con el fin de alinearlos con los estándares de los productos importados. También se podría reconsiderar la lista de países habilitados según su nivel de calidad y los productos permitidos. Sin embargo, se enfatizó que no se permitirá la entrada de productos no incluidos en la lista, lo cual quedará establecido en la resolución complementaria que será publicada.
Durante la reunión, se reiteró que el plazo de 30 días fijado por resolución es solo una guía inicial. Si se determina que un producto no cumple con los requisitos necesarios, los plazos se prolongarán. Todos los productos importados estarán sujetos a análisis y pruebas por parte del Senasa, como ha sucedido hasta el momento, incluyendo ensayos de laboratorio y pruebas de eficacia en el campo. En otras palabras, la desregulación no significa que la aprobación automática del registro facilite de inmediato la comercialización; deberá cumplirse con todas las pruebas pertinentes.
Fuentes consultadas mencionaron que algunos sectores evalúan recurrir a la Justicia. Sin embargo, el avance del proceso “dependerá de la respuesta del Gobierno”, aunque se destacó que hasta ahora el “diálogo ha sido sincero” y que la reunión se llevó a cabo en un ambiente “muy respetuoso”, con todas las partes presentando sus puntos de vista. La próxima semana se prevé un nuevo encuentro para evaluar los progresos.
