A una semana del receso invernal, el Gobierno aguarda el momento adecuado para reanudar las negociaciones con el fin de asegurar que los vetos de Javier Milei a los proyectos de mejora en los ingresos jubilatorios y de emergencia en discapacidad, sancionados el jueves en el Senado, puedan mantenerse. Se muestran optimistas a pesar de que opositores y algunos gobernadores aliados han adquirido confianza esta semana, y de los intensos intercambios con el Presidente.
En el ámbito político, donde colaboran Guillermo Francos, Lisandro Catalán, Karina Milei y los Menem, esperan que “se abra una puerta”, sin ofrecer mayores detalles sobre si se refieren a la posibilidad de que el Presidente muestre voluntad de dialogar, o a algún gesto político de los mandatarios. “Podría ser esta semana o la próxima, no está claro”, comentó vagamente un funcionario.
Después de la debacle, el Gobierno recalcula y la estrategia todavía está en pañales. En principio, afirman en Casa Rosada, se plantearía una reunión con un grupo de mandatarios, aunque aún analizan los pros y contras de esta táctica. No han decidido si conviene recibir a un número reducido de representantes, como en la ocasión anterior, o ajustarse a los aliados.
El primer enfoque ya resultó en un fracaso. El segundo, sostienen algunos altos mandos, podría ser el más provechoso o “tentador”. “¿De qué nos sirve satisfacer a Kicillof, que no solo no aportará, sino que ni siquiera tiene medio diputado propio?”, reflexionó un funcionario.
La herramienta esencial para presionar al conjunto sería la aprobación de los proyectos de ATN e impuesto a los combustibles, que los gobernadores promovieron con entusiasmo en el Senado y que ahora se debatirán en Diputados. Sin embargo, no están seguros de que esto sea suficiente para asegurarse el tercio de legisladores que impida a la oposición reunir los dos tercios necesarios para derogar los vetos prometidos por el Presidente. El riesgo de acercarse a los aliados es que podrían volver a cambiar de postura, como sucedió la semana pasada.
Dado que la próxima batalla se librará en Diputados, más que nunca, la cruzada recaerá sobre los Menem: Eduardo “Lule”, funcionario que opera desde la Casa de Gobierno al servicio directo de Karina Milei, y Martín, presidente de la Cámara baja, que trabaja codo a codo con Lule y recibe la colaboración de su sobrino, Sharif Menem.
Los dos últimos comparten una influencia significativa en la estrategia legislativa, además de tener un fuerte impacto en la dinámica partidaria. De hecho, han sido criticados en las últimas dos semanas por los gobernadores, presuntamente por los ataques proselitistas que han recibido en sus provincias.
En el Gobierno desestiman rotundamente esas acusaciones. “Son inventos: el enojo es fingido. A excepción de Corrientes, donde la situación se ha complicado por cuestiones específicas, en el resto todo ha marchado bien”, afirman. Además, el jefe de Gabinete jugará un papel fundamental en las negociaciones, llevando a Milei los avances de las conversaciones y saliendo a explicar, con calma, la postura del Gobierno sobre el conflicto durante las 48 horas posteriores a la derrota.
A pesar del fuerte revés del oficialismo en el Congreso, cuenta con el respaldo incondicional de Milei. Al día siguiente de la votación, el Presidente reiteró que, para él, es el mejor ministro coordinador “de la historia”. La relación entre Francos y los Menem se encuentra en un buen momento, y los riojanos operan desde los despachos en la planta baja de Balcarce 50, donde funcionaba el ex ministerio del Interior.
Mientras tanto, el asesor principal de Milei, Santiago Caputo, quien hasta hace poco desempeñó un papel destacado en las negociaciones políticas y legislativas, ha decidido retirarse, al menos por ahora, y ha restringido sus actividades a la gestión, en desacuerdo con la estrategia política y electoral de los Menem.
Por lo pronto, el conteo de los vetos en Diputados ya ha comenzado y los libertarios calculan que no necesitarán 87, como en la anterior edición de la lucha por mantener los vetos contra el aumento de las jubilaciones. De hecho, recuerdan en las filas violetas que aquel número había superado la necesidad mínima. Esta vez, arriesgan que con 72 a 75 voluntades estarán cómodos para gestionar.
Son optimistas: aseguran que la relación con los gobernadores aliados nunca se rompió, aunque enfatizan que la ecuación entre contentarlos y mantener las cuentas fiscales intactas resulta “imposible” y genera constantes tensiones. Que, en un año electoral, afirman, tienden a amplificarse.
