El fiscal federal de Paraná, Leandro Ardoy, ha presentado el requerimiento de elevación a juicio en una causa que involucra al productor agropecuario de Diamante, Leonardo Airaldi, y a otras 14 personas, acusadas de formar parte de una organización dedicada al narcotráfico.
La acusación se centra en una banda que operaba en Diamante y Paraná, con actividades que habrían transcurrido entre el 18 de junio de 2019 y el 8 de marzo de 2024, fecha en la que se llevaron a cabo los allanamientos por parte de la Dirección de Investigaciones de la Policía provincial. Según el requerimiento del fiscal, Airaldi era el principal organizador, proveedor y financista de la red de narcotráfico. Se le atribuye haber creado una estructura funcional para facilitar el tráfico de drogas, asignando tareas y gestionando recursos humanos y materiales.
La Fiscalía sostiene que Airaldi dirigía a sus colaboradores mediante órdenes transmitidas por diferentes canales, utilizando recursos humanos, materiales y financieros para la adquisición, transporte, distribución y venta de estupefacientes. El fiscal califica su conducta de particularmente grave, vinculándola al crimen organizado. Airaldi había estado bajo investigación desde principios de 2019, debido a su presunta relación con el narcotráfico, hipótesis respaldada por reportes periodísticos y testimonios anónimos de vecinos de Las Cuevas que afirmaban haber visto avionetas sobrevolar su propiedad.
La investigación comenzó en diciembre de 2018, tras una presentación de la Prefectura Naval Argentina ante la Fiscalía Federal, lo que llevó a una pesquisa preliminar por parte del Juzgado Federal de Paraná, bajo la dirección de Leandro Ríos. Se reportó que individuos estaban descargando bultos lanzados desde barcazas navegando por el río en zonas costeras e islas del departamento Diamante. A partir de escuchas telefónicas y observaciones de campo, las sospechas iniciales fueron fortaleciéndose.
En octubre de 2021, la investigación pasó a manos de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, que ya estaba desarrollando tareas en otra causa relacionada. Un rústico residente de la zona había mencionado que en la propiedad de Airaldi existía una pista de aterrizaje. Durante las indagaciones, se constató la presencia de una posible pista de aterrizaje en el terreno de Airaldi, corroborada por un informe de la Prefectura que incluía una imagen de una avioneta despegando de esa área.
La Fiscalía subraya que las pruebas, en especial las numerosas escuchas telefónicas, permiten entender la magnitud de las conductas imputadas, evidenciando la existencia de una red de narcotráfico en la que cada miembro desempeñaba un rol específico bajo el liderazgo de Airaldi. Se indica que la organización operaba de manera dinámica, sistemática y compleja, buscando garantizar un flujo constante de estupefacientes.
Además de Airaldi, la acusación del fiscal Ardoy abarca a otros individuos con diversas calificaciones en la participación del delito. La mayoría son considerados coautores de comercio agravado de estupefacientes, debido a su rol central y a su injerencia sostenida en el tiempo. Algunos son vistos como partícipes secundarios, debido a la naturaleza accesoria de su colaboración. Las conductas de la mayoría (salvo dos personas) son agrupadas como un solo delito de comercialización de estupefacientes.
Entre las personas imputadas y sus roles, según la Fiscalía, se encuentran:
– Jimena Irupé Burne: pareja y colaboradora de Airaldi, procesada anteriormente por su importante papel en la organización. Fue liberada tras un cambio en la calificación legal de su delito. Se la acusa de tenencia simple de estupefacientes. Después de recuperar su libertad, se detectó comunicación telefónica con Airaldi, lo que reveló que este tenía un tanque enterrado en su campo.
– Sebastián Agustín Armocida: amigo y asistente de Airaldi, relacionado con empleados del Bar Mandela. Interceptaciones sugieren que buscaba ocultar actividades ilícitas, mencionando “Hay que mentir a la policía”. También manejaba la camioneta de Airaldi.
– Armando Marcelo Balcaza: administrador y capataz de la estancia El Mirador, trabajó con Airaldi hasta poco antes de los allanamientos, realizando todo tipo de labores, incluidas aquellas vinculadas al narcotráfico. Mantuvo conversaciones reveladoras con Airaldi sobre sus actividades, empleando un lenguaje críptico.
– Juan Andrés Erbes: dueño del Bar Mandela, que funcionaba como punto de venta y distribución de estupefacientes. Se lo considera socio principal de Airaldi para la distribución de drogas, cuidando su comunicación para evitar detección.
– Roberto Fabián Coronel: miembro de la Policía de Entre Ríos, asumió como administrador en noviembre de 2023. Fue acusado de colaborar en logística y seguridad para Airaldi, utilizando su condición de policía para obtener información.
– María Soledad Cáceres: colaboradora y asistente de Airaldi, era responsable de gestiones relacionadas con estupefacientes. En su casa se hallaron drogas y dinero en efectivo. Aunque habría terminado su relación con Airaldi en noviembre de 2023, seguía vinculada a la organización.
– Carlos David Schumacher: persona de confianza de Airaldi, participó en la venta y almacenamiento de drogas.
– Joel Damián Schonfeld: colaborador en operaciones y mantenía diálogos vinculados a la comercialización.
– Emanuel Enrique Cuello, alias Coti: dialogaba sobre transacciones en términos crudos.
– José Nicolás Godoy: asistente, involucrado en el transporte de drogas.
– Walter Gonzalo Olivero, alias Bocha: empleado del Bar Mandela y suboficial de la Policía de Santa Fe. Su actividad en el narcotráfico no estaba ligada a su condición policial.
– Cristian Emanuel Sánchez, alias “Poroto”: colaborador en el Bar Mandela, asumía funciones de repartidor.
– Marino Martínez: también empleado del Bar Mandela, realizando labores de delivery y participando en transacciones ilícitas.
– Keila Ramos Luto: mencionada en comunicaciones, se le imputa tenencia simple de estupefacientes.
La Fiscalía resalta que la dirección de la operación delictiva y los recursos para llevarla a cabo recaían en Leonardo Roberto Airaldi, quien planificaba, distribuía roles y hacía contactos para el suministro de drogas, tomando precauciones a través de sus vínculos con fuerzas de seguridad para evitar controles. Cada miembro tuvo un papel específico en la organización, ya sea como coautores o partícipes secundarios.
La verificación de las maniobras delictivas está sustentada en investigaciones, inteligencia y vigilancia, así como en los resultados de las intervenciones telefónicas y las actas de los procedimientos y secuestros realizados. En los allanamientos se confiscaron drogas, dinero en efectivo, armas, balanzas digitales y equipos de comunicación. En la celda de Airaldi se halló cocaína.
Las pruebas también incluyen documentos de investigación, actas de allanamientos y testimonios de personal policial y testigos. La Fiscalía concluye que los imputados eran conscientes de la naturaleza ilícita de las sustancias y de su intención de comercializarlas, a partir del uso de lenguaje críptico para evitar ser detectados.
Ante esta situación, Ardoy ha solicitado al juez federal Ríos que eleve la causa al Tribunal Oral Federal de Paraná para iniciar el juicio correspondiente.
