En el marco del acuerdo con los Estados Unidos, y dado que la propiedad intelectual quedó incluida en el convenio, el Gobierno avanzaría, en lo referido a semillas e innovaciones biotecnológicas, con la adhesión al convenio UPOV-91 [Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales], según pudo saber LA NACION de fuentes oficiales y privadas. Para el gobierno nacional esto permitiría acceder a mejor tecnología en genética de cultivos; ya lo intentó con la fallida primera edición de la Ley Bases y ahora buscará incluirlo en un paquete de leyes sobre propiedad intelectual para atraer inversiones.
Las empresas del sector reclaman mayor protección para sus innovaciones y el eje del debate, más allá del agro, está en el acuerdo con el país gobernado por Donald Trump. En los últimos años se discutió si corresponde avanzar con el pago por el uso propio del productor que guarda, por ejemplo, soja para utilizarla como semilla en el ciclo siguiente. En la Argentina rige la ley de semillas de 1973, sancionada cuando la soja apenas daba sus primeros pasos y aún no existía la biotecnología agrícola. Esa norma habilita el uso propio.
En el listado producto por producto de lo negociado hasta ahora, además se menciona que se reforzará la “lucha contra la falsificación”, se atenderán las observaciones del Informe 301 de 2025 —incluidos los criterios de patentabilidad y los atrasos en trámites— y se trabajará para alinear el régimen de propiedad intelectual con estándares internacionales. El país se adhirió a una versión anterior de UPOV, 78, pero para los expertos esta quedó desactualizada y ahora es necesario hacerlo con UPOV 91, que concede a los obtentores de variedades vegetales derechos más amplios y un mayor control sobre las mismas, entre otros puntos.
Cuando se discutía la primera edición de la Ley Bases, el gobierno nacional expresó: “El acta 1991 crea el uso propio por parte de los agricultores; excepción que no existe en el Acta 1978 a la cual Argentina se encuentra adherida hoy. En la actualidad, autorizar el uso propio de determinadas especies en la Argentina es un requisito que debe cumplirse para poder ejercerlo, esto implica declarar variedades utilizadas, cantidad de producción, entre otras; bajo apercibimiento de multas y de perder este derecho. En los países adheridos a UPOV Acta 1991 han reglamentado que los pequeños productores quedan exceptuados de pagar por el uso propio. Respecto a los pequeños agricultores y al uso de sus semillas nativas y criollas, UPOV 1991 no viene a regular sobre material sin propiedad intelectual por lo cual estas especies no son alcanzadas por el ACTA 1991″.
La Argentina no ha adherido al acta de 1991
En ese contexto, fuentes oficiales indicaron que el Gobierno se comprometió a remitir al Congreso los acuerdos internacionales considerados estratégicos para su tratamiento y ratificación legislativa, lo que ahí involucraría la adhesión a UPOV-91. Hasta ahora no está considerado dentro del temario de las sesiones extraordinarias.
En la práctica, según una alta fuente de la UPOV a LA NACION, la Argentina tendría que seguir todo el proceso de adhesión, el cual requiere enviar un proyecto de ley al Congreso para ratificar el Acta de UPOV-91 y, posteriormente, desarrollar una compleja reglamentación interna. El punto clave acá es que dicha reglamentación debe definir claramente cómo se aplicará la excepción de “uso propio”, un aspecto fundamental que se tiene que determinar después de aprobarse el proyecto en ambas Cámaras. Ningún país miembro del Mercosur está adherido a la UPOV-91, no obstante están más avanzados en la implementación de conceptos de la última acta, y resaltaron que la forma de avanzar ha sido a través de aprobación de leyes y regulaciones específicas de estas.
La Argentina está rezagada frente a competidores como Brasil en la adopción comercial de eventos biotecnológicos para la sojaEttore Chiereguini – AP
En la Cancillería, por ejemplo, consideran que para aumentar la producción es necesario consolidar el compromiso de acceder a tecnología de punta, garantizando un sistema de propiedad intelectual que funcione.
“Necesitamos renovación genética, fuera de que los privados tienen su propio sistema de recupero de regalías, es real de que algunas variedades como legumbres, algodón y frutales, están atrasadas en material genético de vanguardia. En los países de la región hay inversión en genética que acá no llegan porque no es interesante el recupero de la propiedad intelectual”, subrayó una fuente de la actividad. En el caso de soja, por ejemplo, el sector semillero puso en marcha “Sembrá Evolución”, un sistema para tratar de capturar valor.
Upov 91 no establece el sistema de regalías a utilizar, sino que dependerá de cada país; sí el marco legal para la regulación de regalías. El Estado será quien decida quién paga, quién no, y el alcance que tendrá la reglamentación. Los derechos de los obtentores se basan en el pago de regalías por el uso de variedades de semillas registradas.
La Upov 91 no establece el sistema de regalías a utilizar, sino que depende de la reglamentación de cada paísSeedmatriz
Desde la industria afirmaron que en la Argentina es necesario contar con un marco normativo moderno, en línea con los tratados internacionales adoptados por países líderes de la industria como EE.UU., Canadá y Australia, y con el control adecuado de los organismos nacionales, que dé previsibilidad al retorno de la inversión para devolver a la Argentina la competitividad que ha perdido en los últimos años.
Recordaron que, en los últimos años, la inversión en desarrollo de germoplasma de autógamas (soja, algodón, trigo, legumbres, etc.), así como la introducción de nuevos eventos biotecnológicos en la Argentina, ha perdido competitividad en la región.
