Apenas unos días después de que el gobierno nacional anunciara la reestructuración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que ahora se convertirá en un ente desconcentrado y carente de autarquía, legisladores de la Coalición Cívica (ARI) presentaron un proyecto de resolución solicitando “declarar inválido el decreto”, al considerarlo “inconstitucional” y en violación de la Ley 25.641, que garantiza la autonomía del organismo. Un diputado de Unión por la Patria se sumó a esta postura.
Los legisladores han afirmado que el INTA, creado por decreto-ley en 1956 y revalidado por ley en 2002, tiene como misión promover la investigación, la extensión agropecuaria y el desarrollo tecnológico en el área rural. Sostuvieron que el Decreto N° 462/2025 del Poder Ejecutivo constituye “un claro exceso de las bases de la delegación legislativa”.
El decreto, publicado el pasado martes, modifica de manera radical su estructura, disuelve su Consejo Directivo y lo transforma en un Consejo Técnico, estableciendo que el instituto será dirigido por un funcionario con rango de secretario, designado directamente por el Ejecutivo. La invalidez del decreto, manifestaron, se produce por la falta de cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 76 y 99 inciso 3° de la Constitución Nacional.
El INTA AMBA ya ha comenzado el proceso de cierre, según el plan aprobado por el Consejo Directivo. Los diputados Victoria Borrego, Juan Manuel López, Marcela Campagnoli, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Paula Oliveto Lago, firmantes del documento, advirtieron que esta decisión es, de facto, una intervención encubierta que vulnera las disposiciones de la Ley Bases, recientemente aprobada, que excluye expresamente al INTA de cualquier tipo de disolución o intervención.
“La citada Ley Bases dispone una protección especial a favor de ciertos organismos, prohibiendo tanto su disolución como su intervención. Así, el artículo 6° establece que: ‘Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a intervenir, por el plazo previsto en el artículo 1° de la presente ley, los organismos descentralizados, empresas y sociedades mencionadas en los incisos a) y b) del artículo 8° de la ley 24.156, con exclusión de las universidades nacionales, los órganos u organismos del Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan; la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat); el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet; el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)’“, señala parte del escrito.
Los legisladores indicaron que “formalmente el Poder Ejecutivo no dispuso una intervención del INTA, pero en la práctica, la eliminación de su Consejo Directivo (que era plural) y la otorgación de facultades decisorias a un secretario, que depende jerárquicamente del Poder Ejecutivo Nacional, es equiparable a una intervención”. Pese a ello, señalaron que el Congreso previó la imposibilidad de intervenir en dichos organismos para evitar su disolución o centralización.
Para los legisladores, una intervención conlleva la remoción de las autoridades del organismo y la designación de un funcionario del Poder Ejecutivo para ejercer su administración y dirección. “En consecuencia, la designación de un único funcionario a cargo del Instituto es equivalente a una intervención, lo que viola las bases de la delegación establecidas por este Congreso y sus prohibiciones”, afirmaron.
Trabajadores de INTA Castelar salieron en apoyo del organismo. Resaltaron que el Poder Ejecutivo también excedió las bases de la delegación al derogar el artículo 1 de la Ley N° 25.641, norma especial que otorgó autarquía al INTA. Además, señalaron que al haberse excedido en su facultad, correspondería analizar si existen las circunstancias excepcionales que justifiquen omitir el trámite ordinario para la formación y sanción de leyes. “Es evidente que no existe necesidad ni urgencia para la transformación impuesta sobre el INTA, debiendo haberse sometido tal decisión a este Congreso de la Nación”, argumentaron.
Por otro lado, el diputado de Unión por la Patria, Martín Soria, también promovió un proyecto de ley para derogar los decretos N°458/25, 459/25, 460/25, 461/25, N°462/25 y N°463/25. Según afirmó, “desde la entrada en vigencia de la Ley Bases, el 9 de julio de 2024, el gobierno libertario le ha puesto el cartel de “se vende” (o “Liquidación total”) a nuestro país. Para cumplir ese objetivo, lo ha desmembrado en partes, modificando organismos, desfinanciándolos, despidiendo personal, vendiendo sus propiedades y reduciéndolos a su mínima expresión”.
Soria afirmó que “en respecto al desmantelamiento del INTA y del INTI, es ineludible mencionar cuando el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, en una entrevista, declaró que no sabían bien qué hacían; así, el ministro de las privatizaciones no se interesa por organismos que aportan valor ni que regulan los productos que consumimos. No le interesa la ciencia en Argentina, ni la mejora en la producción”.
