En el contexto del envío a juicio de la causa de los “contratos truchos” de la Legislatura provincial, este miércoles los defensores rechazaron la demanda civil presentada por la Fiscalía de Estado contra los imputados.
La audiencia se llevó a cabo ante la jueza de Garantías, Marina Barbagelata, y los fiscales Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano, quienes lideraron la investigación penal relacionada con un presunto desvío de 53 millones de dólares entre 2008 y 2018.
Los abogados Pablo Hawlena Gianotti, Victoria Halle, Tomás Vírgala, José Velázquez y Leopoldo Lambruschini se opusieron a la solicitud de la Fiscalía de Estado. Se prevé que mañana, durante la continuación de la audiencia a las 9, los abogados Miguel Ángel Cullen y Emilio Fouces expresen la misma posición. A pesar de la discusión sobre la elevación a juicio, se espera que el viernes se trate el pedido de juicio abreviado para el imputado Esteban Scialocomo.
Los defensores argumentan que la demanda civil de la Fiscalía de Estado no se apoya en ningún informe del Tribunal de Cuentas de la provincia, como consideran necesario, y que debería estar vinculada a los resultados del juicio penal. Según ellos, esto invalida la posibilidad de un reclamo económico del Estado provincial contra los imputados en esta instancia.
“En la causa penal se presentaron dos escritos de la Fiscalía de Estado, con diferencias sustanciales que la magistrada resolvió ayer”, comentó el defensor Pablo Hawlena Gianotti, quien representa al imputado Jorge De Breuil. En efecto, durante la audiencia de remisión a juicio se evidenció que, además del fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, el fiscal Adjunto, Sebastián Trinadori, había presentado una demanda similar, aunque ambos escritos no coincidían en las personas demandadas. Ayer, durante la audiencia, el actor civil Gustavo Acosta incluyó a varias personas como demandadas que ya habían accedido a la suspensión de juicio a prueba. Este asunto fue aclarado en el mismo encuentro, con las reservas correspondientes por parte de los abogados.
“Es fundamental destacar el desorden en la provincia de Entre Ríos en este aspecto”, enfatizó Hawlena Gianotti. “Esto nos genera incertidumbre. Si bien Acosta, con honestidad, reconoció la validez del escrito de Rodríguez Signes, quiero reiterar que no sabemos cómo defendernos en el ámbito civil bajo las normas civiles aplicables. Hay una indeterminación en los hechos”, cuestionó y subrayó la falta de un respaldo del Tribunal de Cuentas para que la Fiscalía de Estado interponga la demanda civil.
La abogada Victoria Halle, que representa a los imputados Diego Pagnoni y Mariano Speroni, pidió que la demanda sea declarada “inadmisible por no cumplir con los requisitos mínimos”. “El sistema civil es independiente del sistema penal. La propia demanda civil se basa únicamente en el requerimiento de elevación a juicio como fundamento. No establece la existencia de un hecho jurídico respecto a cada imputado, ni detalla la responsabilidad específica de cada uno. Tampoco explica el nexo de causalidad”, criticó.
A los argumentos defensivos se sumó el abogado Tomás Vírgala, que representa a Ariel Faure. “La demanda civil pertenece al ámbito del derecho privado. No hay documento del Tribunal de Cuentas que la respalde, lo que revela el estado confuso de la Investigación Penal Preparatoria. No pueden referirse solo al pedido de elevación a juicio, dadas sus inconsistencias y la ausencia de un monto concreto. Rechazo la prueba ofrecida por la Fiscalía de Estado; es decir, no le doy credibilidad, no puede ser aceptada”, añadió.
José Velázquez, defendiendo a Flavia Bekman y Hugo Mena, también se unió al rechazo. “Deben haber presentado una acción de lesividad que, de ser probada, permitiría al fiscal de Estado presentar la demanda civil. No se puede iniciar una demanda civil supeditada al resultado de un juicio. Además, no se puede presentar una demanda civil general: debió ser para cada imputado”, alegó.
Finalmente, el abogado Leopoldo Lambruschini se pronunció: “La acción civil es accesoria a la penal e independiente. Así como lo planteado en el ámbito penal, rechazamos la intervención de (Juan Domingo) Orabona y no reconocemos nada de lo que se afirma en la demanda civil”, concluyó.
