Después de que el Gobierno presentara un conjunto de medidas para incentivar a los argentinos a retirar los dólares “del colchón”, expertos del sector agropecuario señalaron que, ante la considerable desregulación en los controles de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), así como de organismos vinculados como la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Central (BCRA), se abre una nueva etapa para el agro. Aunque ven aspectos positivos, también hacen ciertas observaciones. En una conferencia de prensa realizada hoy, el vocero presidencial, Manuel Adorni, el titular de ARCA, Juan Pazo, y el ministro de Economía, Luis Caputo, dieron a conocer el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos.
En este contexto, Santiago Sáenz Valiente, asesor impositivo y experto en la materia, expresó que el fin de los controles cruzados del ARCA elimina la necesidad de cruces de datos entre escribanos, operaciones con vehículos, movimientos bancarios y compras personales. Consideró que esto representa una significativa flexibilización de los controles fiscales, incluso en el sector agropecuario. Sin embargo, advirtió sobre la posibilidad de un aumento en la evasión.
Sáenz Valiente advirtió que podría haber un retroceso en la fiscalización si no se incorporan medidas complementarias. Agregó que, dado que parte del plan para incentivar la salida de dólares ocultos será implementado por decreto, esto no es suficiente.
“Se requiere una ley formal que permita a las personas utilizar sus dólares no declarados sin temor a sanciones por incremento patrimonial no justificado. Esto es fundamental para facilitar operaciones de gran envergadura como la compra de inmuebles, vehículos o maquinaria agrícola”, subrayó.
El experto enfatizó que, en ausencia de una ley, tanto la UIF como el Banco Central podrían sancionar a quienes utilicen dólares no declarados. Por lo tanto, alertó que “el campo no invertirá sin garantías legales”.
Reiteró que, sin una normativa específica, aquellos que empleen dólares no bancarizados para inversiones o adquisiciones seguirán expuestos a sanciones de la UIF, ARCA o el Banco Central. Propuso revisar los plazos de prescripción, posiblemente acortándolos, y reconsiderar el régimen penal tributario. Asimismo, demandó una mayor justicia y equilibrio en las causas judiciales fiscales, dando más importancia a las pruebas presentadas por los contribuyentes.
Por su parte, Héctor Tristán, contador especializado en asuntos agropecuarios, comentó que las medidas anunciadas hoy por el Ministerio de Economía, que incluyen principalmente la flexibilización de regímenes informativos y el aumento de los umbrales para reportes bancarios y de billeteras virtuales, “no tienen un impacto inmediato en el sector agropecuario en términos de producción, comercialización o rentabilidad”.
Señaló que estas medidas están orientadas a reducir la burocracia y la carga administrativa. “Al elevar los montos a partir de los cuales se deben reportar operaciones bancarias y de billeteras virtuales, y al eliminar algunos regímenes informativos, se busca simplificar trámites para individuos y empresas, incluyendo potencialmente a los productores agropecuarios en sus operaciones financieras cotidianas”, indicó.
El contador y experto en temas tributarios del agro destacó que “el espíritu de estas medidas es incentivar el uso de dinero que podría estar fuera del circuito formal, lo que podría, en teoría, generar mayor liquidez en la economía. Aunque no son medidas específicas para el agro, los productores o empresas agropecuarias que posean ahorros informales verán facilitado el movimiento de sus recursos, lo cual podría tener efectos importantes en la economía en general y en el sector agropecuario en particular”.
En particular, se refirió al incremento de la base tributaria a mediano y largo plazo: al formalizar activos, estos pasan a estar sujetos a impuestos regulares, como Bienes Personales y el Impuesto a las Ganancias sobre los rendimientos. “Esto amplía la base de contribuyentes y, teóricamente, debería generar una mayor recaudación sostenida en el tiempo, mejorando la sostenibilidad fiscal del Estado”, agregó.
Tristán subrayó que, al ingresar al circuito formal, los fondos pueden ser invertidos en proyectos productivos, adquisición de bienes registrables (inmuebles, vehículos) o como capital de trabajo para empresas. Esto, según mencionó, dinamizará la economía, incrementará el empleo y aumentará la producción de bienes y servicios.
Respecto a la reducción de la informalidad, destacó que “esto no solo mejora la recaudación, sino también puede llevar a una mayor transparencia, disminuir actividades ilícitas asociadas al dinero no declarado y mejorar la asignación de recursos”.
