Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) emitió un comunicado interno para expresar su preocupación por ciertas cláusulas consideradas “gravosas” en los contratos del programa Sembrá Evolución. En respuesta, el sector semillero aclaró las características de este sistema, enfatizando que se trata de acuerdos voluntarios entre partes, los cuales ofrecen previsibilidad y acceso a tecnología (también señalaron la importancia de que los productores reciban asesoramiento técnico y jurídico antes de firmar cualquier acuerdo).
Según información de LA NACION, tras la difusión del documento, representantes del sector se pusieron en contacto con CRA para ofrecerse a aclarar “punto por punto” las inquietudes planteadas, en un marco de diálogo constructivo.
Es relevante recordar que Sembrá Evolución es una iniciativa del sector semillero argentino que busca asegurar el acceso de los productores a las tecnologías más avanzadas en genética y biotecnología para los cultivos de soja y trigo, a través de licencias privadas. En la campaña 2023/24, el programa logró más de 11.000 productores adheridos y una superficie sembrada que supera los dos millones de hectáreas, con la meta de alcanzar cuatro millones a corto plazo. Participan 15 empresas semilleras, se ofrecen más de 110 variedades y hay 700 comercios involucrados en todo el país.
En el comunicado de CRA se manifestó “suma preocupación” por el aumento en la firma de contratos bajo el programa Sembrá Evolución. Se señalaron varios puntos que, según su análisis, podrían negativamente afectar a los productores si no cuentan con la asesoría adecuada.
Entre las principales advertencias, CRA mencionó la dobles pagos por el aporte genético, límites estrictos en la producción (3000 kg/ha para soja y 4000 kg/ha para trigo), cargos adicionales por excedentes, auditorías sin previo aviso, multas hasta del 400% del valor de la semilla por incumplimientos, y la renovación automática de la licencia con cada resiembra, lo cual, según la entidad, “compromete al productor de forma indefinida”. También hicieron hincapié en la gestión de datos personales, que, afirmaron, podrían ser compartidos con terceros.
Desde CRA, instaron a los productores a no firmar ningún contrato sin asesoría jurídica, leer atentamente cada cláusula y evaluar con cuidado todo lo relacionado a aportes, inspecciones, penalidades y cesión de datos.
En una conversación con LA NACION, Alfredo Paseyro, director ejecutivo de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), explicó que el comunicado de CRA debe interpretarse dentro del contexto de una comunicación interna a sus bases: “Es un mensaje dirigido a los productores. Estamos de acuerdo en que lo fundamental es que cuenten con el asesoramiento adecuado, como en cualquier decisión comercial”.
Sobre los contratos del programa, agregó: “Creemos que este sistema ha permitido a los productores y a la competitividad argentina acceder a nuevas tecnologías, primero en soja y, en el futuro, también en trigo. Se trata de acuerdos entre partes que ofrecen previsibilidad”.
En relación a las cláusulas cuestionadas, como las multas o los límites de producción, señaló: “En cualquier actividad comercial, un contrato es una herramienta que aporta claridad y establece reglas. Al igual que una póliza de seguro, un contrato de alquiler o una compra-venta, imponen condiciones. Y cada parte firma de acuerdo a su voluntad”.
Con respecto a las “multas desproporcionadas” mencionadas por CRA, aclaró: “En el sector privado no existe un poder de policía. Por lo tanto, no pueden imponerse multas en ese sentido. Sí pueden establecerse condiciones por incumplimientos, como en cualquier contrato comercial. Hablar de multas automáticas podría generar confusión”.
“Siempre sugerimos a los productores que se asesoren: tanto legalmente como en aspectos técnicos. Desde nuestro sector, estamos abiertos al diálogo con nuestros clientes, los productores. Esa ha sido nuestra forma de trabajar”, concluyó.
