La Corte Suprema de EE.UU. autorizó este lunes al Gobierno del presidente Donald Trump a avanzar en la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS), que resguarda a cientos de miles de venezolanos de la deportación.
Un grupo de siete ciudadanos venezolanos protegidos por el TPS, junto con una organización que los representa, impugnaron esta medida argumentando que la decisión estaba basada en hostilidad racial y política. La jueza Ketanji Brown Jackson fue la única en expresar su desacuerdo con la decisión del tribunal.
Previamente, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tomó la determinación de acabar con el TPS para los inmigrantes venezolanos, lo que significa que más de 300.000 venezolanos en EE.UU. perderán su protección en la próxima semana. Además, otros 250.000 inmigrantes que llegaron antes de 2023 también verán su estatus caducar en septiembre.
Una de las cuestiones más debatidas en el proceso judicial fue si Noem tenía la autoridad para cancelar el TPS antes de su fecha de expiración.
La administración Biden otorgó por primera vez el TPS a los venezolanos en marzo de 2021, citando el aumento de la inestabilidad en el país, y lo amplió en 2023. Justo dos semanas antes de la toma de posesión de Trump, Biden renovó las protecciones por 18 meses adicionales. La resolución del lunes se refiere a la designación de 2023.
Los demandantes, que son inmigrantes venezolanos amparados por el TPS, afirmaron que la abrupta revocación de sus protecciones por parte de Noem contravenía la Ley de Procedimiento Administrativo, que exige un proceso específico para los cambios de políticas de las agencias federales. También argumentaron que la decisión de Noem estaba motivada por prejuicios raciales y políticos.
A finales de marzo, un tribunal federal de distrito de California bloqueó temporalmente la orden de Noem, impidiendo que más de 300.000 venezolanos fueran despojados de sus protecciones a comienzos de abril.
El juez de distrito Edward Chen, quien fue nominado por el expresidente Barack Obama, describió a Venezuela como “un país profundamente afectado por la agitación y la crisis económica y política”, y citó las advertencias del Departamento de Estado sobre los riesgos de viajar allí, que incluyen la posibilidad de detenciones injustas, terrorismo, secuestros, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia y disturbios civiles, además de una infraestructura sanitaria escasa.
El programa del TPS fue creado por el Congreso en 1990 para permitir al gobierno federal ofrecer protección temporal a migrantes de países que enfrentan desastres naturales, guerras y otras situaciones que hacen peligroso su regreso. Al final de la primera administración de Trump, los funcionarios calificaron a Venezuela como “la peor crisis humanitaria en el hemisferio occidental” y proporcionaron una forma alternativa de alivio temporal a algunos de sus migrantes.
