La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, compuesta por los jueces Mariano Hernán Borinsky -quien preside- y Javier Carbajo, rechazó el recurso de queja presentado por la defensa de los empresarios Marcelo Segarra, Esteban Arcapalo y Segar Seguridad S.A. Este recurso buscaba impugnar la decisión de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, que había respaldado la resolución de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Esta última había determinado que no había lugar para la excepción de falta de jurisdicción y competencia en el caso conocido como “caso ENERSA”. Por lo tanto, Arroyo Salgado continuará liderando la investigación.
En 2019, la empresa sueca Securitas realizó una autodenuncia al cambiar su gestión ejecutiva en Argentina y descubrir irregularidades en los egresos de millones de dólares. Estos pagos, considerados coimas, habrían sido entregados a funcionarios de diversas dependencias nacionales y provinciales con el fin de asegurar la obtención de contratos de seguridad privada para organismos y edificios públicos en todo el país.
En su autodenuncia, Securitas reconoció ante la Justicia haber pagado cuantiosas coimas a representantes de entidades públicas, tales como Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), el Registro Nacional de las Personas (Renaper), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), entre otras. Estos sobornos habrían servido para evitar la pérdida de contratos y facilitar el cobro de servicios pendientes. También se mencionó que habrían pagado para acelerar trámites relacionados con las tenencias de armas de sus vigiladores y para recibir avisos sobre posibles inspecciones.
### El Capítulo Entrerriano
En mayo del año pasado, la jueza Arroyo Salgado dictó el procesamiento de Claudio y Marcelo Tórtul, así como de los gerentes de ENERSA, Marcelo Morales, Juan Carlos Pimentel y Alejandro Cis, en relación con el capítulo entrerriano del caso de las coimas de Securitas.
A los hermanos Tórtul se les procesó al considerar que eran prima facie autores de delitos de asociación ilícita, actuando como organizadores, y cohecho activo (coautores) junto con negociaciones incompatibles con la función pública (partícipes necesarios).
En el caso de Alejandro Cis, ex gerente de Logística de ENERSA, la magistrada lo procesó por cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.
Por último, a Marcelo Morales, gerente de Asuntos Legales, y a Juan Carlos Pimentel, ex gerente general y actual gerente de Innovación Tecnológica, la jueza los procesó sin prisión preventiva, considerándolos presuntos autores de violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.
### Detención de González
El 12 de abril de este año, Jorge González, ex presidente de ENERSA, fue detenido en su hogar en el barrio privado Puerto Barrancas, en Paraná, y trasladado al Escuadrón de Delitos Complejos de Gendarmería en Retiro, Buenos Aires. Según informó ANÁLISIS, durante el procedimiento se hallaron y secuestraron 270.974 dólares, 12.000 euros y 697.000 pesos.
La orden de detención fue solicitada por el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, quien sostiene que el ingeniero González “se involucró personalmente” en la contratación de los servicios de la empresa de los Tórtul.
