Los abogados defensores del exdiputado provincial y líder sindical José Ángel Allende, Leopoldo Lambruschini y Maximiliano Rusconi, han anunciado su intención de apelar el procesamiento por presunto enriquecimiento ilícito dictado por el juez de Garantías Pablo Zoff. Argumentan que esta decisión es preliminar, carece de firmeza y no implica ninguna culpabilidad.
La defensa también cuestiona los argumentos del juez, afirmando que la pericia oficial contable, realizada por el Cuerpo Técnico del Poder Judicial con la participación de todas las partes, contradice la hipótesis de la Fiscalía. Según los abogados, este estudio no reveló un incremento patrimonial ilícito ni desproporciones injustificadas entre ingresos y egresos.
El procesamiento se dictó el lunes 30 de junio, donde el juez Zoff imputó a Allende como autor de delitos de enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con su función pública. También fueron procesados como partícipes necesarios su esposa, Adriana Guadalupe Satler, su exesposa, Diana María Cristina Traverso, y su hijo, Julio Alejandro Allende, por ambos delitos. Su hija, Victoria Allende, fue procesada únicamente por enriquecimiento ilícito, mientras que fue sobreseída en la acusación por negociaciones incompatibles.
La investigación, que se ha prolongado durante 13 años, se originó a partir de un artículo publicado en la Revista ANÁLISIS el 19 de abril de 2012, titulado “Los negocios del diputado”.
En un comunicado emitido por la defensa de Allende, se esclareció que “la resolución no está firme y será recurrida. El auto de procesamiento dictado por el Juzgado no representa una sentencia condenatoria ni implica culpabilidad alguna. Es una medida preliminar que será apelada en los términos procesales correspondientes. José Allende ejercerá todas las vías legales disponibles para lograr el pleno esclarecimiento de los hechos y salvaguardar su buen nombre”.
Asimismo, se indicó que “la pericia oficial realizada en la instrucción refuta la hipótesis fiscal y contradice los fundamentos del procesamiento. La pericia contable, llevada a cabo por peritos del Cuerpo Técnico del Poder Judicial, no encontró un incremento patrimonial ilícito ni evidenció desproporciones entre ingresos y egresos, tal como sostiene el auto de procesamiento”.
Los abogados señalaron que “lejos de respaldar las afirmaciones del fiscal, la pericia corroboró movimientos patrimoniales sin emitir juicio sobre su legalidad ni sobre una supuesta ilicitud en su origen. De hecho, la pericia reconoció ingresos adicionales no contemplados originalmente en la acusación, lo que aporta coherencia contable a la evolución patrimonial de Allende”.
En esta línea, resaltaron que “el juez, sin justificación, ha desestimado el valor técnico de la pericia oficial, adoptando sin más la versión acusatoria del Ministerio Público, sin realizar una adecuada valoración crítica e imparcial de la prueba recolectada. Esto no solo contraviene el principio de imparcialidad que debe prevalecer en toda decisión judicial, sino que también revela una clara inclinación por construir una narrativa penal sin base fáctica ni respaldo técnico sólido. Es muy posible que estemos ante el primer caso en la historia judicial argentina donde se procese a imputados con una pericia oficial que arrojó resultados favorables a ellos”.
Por otro lado, la defensa afirmó que “han presentado informes económicos, documentos bancarios, declaraciones impositivas y explicaciones detalladas, evidenciando que no hay delito que reprochar. Por ello, resulta inadmisible que una resolución de tal envergadura desestime arbitrariamente los informes técnicos elaborados por el propio sistema judicial, y esto será claramente argumentado en la apelación que presentaremos ante la instancia superior”.
Subrayaron que “José Allende ha proporcionado a los tribunales toda la información patrimonial, bancaria, fiscal y personal requerida. En ningún momento ha obstaculizado el avance del proceso ni se ha negado a comparecer. Ha actuado siempre con transparencia, respeto hacia las instituciones y plena disposición para ofrecer las explicaciones pertinentes”.
“Es evidente para cualquier observador imparcial que esta investigación ha sido explotada mediáticamente con una clara intencionalidad política, buscando perjudicar la imagen de uno de los dirigentes sindicales más representativos de Entre Ríos. A lo largo de su trayectoria, el Sr. Allende ha enfrentado poderosos intereses corporativos que han intentado silenciar su voz en defensa de los trabajadores. Esta causa forma parte de ese contexto”, sostuvieron.
Finalmente, expresaron su preocupación: “Es doloroso e injustificado involucrar a miembros de su familia en esta causa sin elementos probatorios consistentes, con el único fin de extender el efecto estigmatizante del proceso penal. Ninguno de ellos ha ejercido función pública ni ha cometido delito alguno, y su inclusión responde a una estrategia punitivista que será refutada judicialmente”. Resaltaron que su defendido “reafirma su inocencia, confía en el Poder Judicial imparcial y en la validez de la prueba objetiva”.
